Dr. Fernando Romero
Coordinador Maestría Gerencia Empresarial
En los últimos años América Latina viene experimentando importantes cambios desde el punto de vista económico y en lo social que han generado un significativo reacomodo en la orientación estratégica de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la región.
En el área económica, los países poseedores de materia prima de interés estratégico en el contexto mundial como petróleo, hierro, cobre, así como aquellos que mantienen ventajas comparativas en la producción de productos agrícolas tales como el café, cacao, maíz, entre otros rubros, han experimentando unos ingresos extraordinarios en materia de divisas motivado al alto precio que esos productos alcanzan en el mercado mundial. Ello ha traducido un compromiso exigente para los gobiernos de turno , independientemente de las ideologías y cariz político que los identifica, para generar acciones orientadas a una mayor eficiencia en la administración de esos recursos a favor de un incremento en el bienestar social de los sectores menos favorecidos.
En este contexto, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela entre otros países, forman parte del conjunto de naciones que actualmente experimentan una especie de boom económico por los elevados ingresos, viéndose obligados a desarrollar una serie de programas sociales para procurar una distribución más justa y equitativa de la riqueza, satisfaciendo inveteradas necesidades de los grupos más vulnerables de la población de esas sociedades como son los denominados estratos D y E
En atención a lo expuesto, Venezuela desarrolla desde hace una década aproximadamente una agresiva política social en marcada en los lineamientos esbozados por el gobierno bolivariano, la cual se materializa en un grupo altamente diversos de medidas económico sociales para reducir los índices de pobreza y pobreza extrema, procurando cubrir necesidades básicas principalmente en las áreas de vivienda, salud, educación y alimentación. Según el Instituto Nacional de Estadística, para el año 1998, esos indicadores alcanzaban aproximadamente el 70 a 80 % de la población venezolana, lo que exigió la adopción de las MISIONES, que en la práctica constituyen programas muy concretos y específicos que comprenden acciones puntuales para superar la criticidad de la situación descrita, la cual amenazaba con desencadenar situaciones sociales conflictivas en el país,
La entrada en vigencia de esos programas especiales, donde se destacan la Misión Vivienda Venezuela destinada a dotar de hogares dignos a numerosas familias de escasos recursos, la misión Barrio Adentro para ofrecer respuestas inmediatas en la atención primaria de salud, la Misión Robinson orientada a reducir los niveles de analfabetismo, han contribuido a reducir los niveles de pobreza citica, llegando a un 46 % de acuerdo a informes de la Comisión para América Latina y el Caribe en su informe anual del año 2011.
De lo señalado anteriormente, es posible concluir que inexorablemente a partir de ahora y en la próxima década, los gobiernos de América Latina deberán continuar conjugando estrategias de desarrollo económico con un claro sentido social, orientándose por la formulación de políticas públicas integrales que favorezcan un bienestar económico-social, procurando la continua disminución de las diferencias en el seno de su población, y donde se facilite la inserción e inclusión de las grandes mayorías. Este enfoque claramente transformador deberá concertarse con un creciente proceso de integración económica y política en la región, donde iniciativas como Mercosur, Unasur, el Alba, abran los caminos para un desarrollo sostenible que permita elevar la calidad de vida de la población de estos países.