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ALGUNOS SUPUESTOS ESTRATEGICOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  Dr. William Mirabal
URBE- Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
william.mirabal@urbe.edu

Doctor en Ciencias Políticas (URBE 2013). Magister en gerencia de Recursos Humanos (URBE 2007) Licenciado en Relaciones industriales (UCAB, 1978)  Coordinador del Programa Doctorado de Ciencias Políticas de la URBE.

 

El desarrollo moderno del sistema democrático ha recibido un gran impulso en los últimas décadas con la profundización de mecanismos y procedimientos que propenden, estimulen y fortalezcan la participación más activa por parte de los ciudadanos, ello implica un reconocimiento al derecho por ejercicio pleno de la capacidad como actores rectores de la gestión pública en su doble rol como beneficiarios y concurrentes de las políticas y ejecutorias de carácter público y privado que impacten el interés colectivo.

Países como Colombia, España, Chile y en años más cercanos Venezuela, han desarrollado tanto el marco institucional como los instrumentos y mecanismos que faciliten esa interacción dinámica del ciudadano. Es realmente un proceso complejo que obliga a la superación de rigideces paradigmáticas que limitan la apertura de nuevos espacios de participación y control, por otra parte exige el compromiso integral de la sociedad como un todo, donde un peso muy importante más no el único recae en el Estado.

La participación ciudadana como soporte de la mayor democratización de cualquier país conlleva consigo multitud de aspectos estratégicos a considerar. Autores como Moreno (2004) y Ramirez (2006) consideran que la acción ciudadana debe comprender todas las fases de la gestión pública, desde la formulación hasta la evaluación de políticas públicas, pasando por la propia ejecución. Esa pluralidad de elementos comprende el soporte jurídico que sustente la participación;  igualmente la elaboración y desarrollo de los mecanismos que articulen la participación; se incluye la concientización plena de los actores involucrados lo que traduce la sensibilización, socialización, capacitación y empoderamiento, y desde luego las áreas concretas en la que se operacionalice de forma precisa la acción ciudadana.

A efectos de esta aproximación al tema, se resalta la base constitucional de la participación, la cual exige concederle el rango legal que obligue y oriente el desarrollo ulterior de todo un tinglado jurídico que le conceda  piso solido a la diversidad de formas por las que la ciudadanía podrá cumplir su accionar de cogestor de gobierno. Dentro de esa concepción jurídica de la participación principios como la responsabilidad, rendición de cuentas,  transparencia así como mecanismos diversos entre ellos las veedurías, el derecho a la denuncia,  iniciativas legislativas, los referéndum y consultas públicas;  cabildos abiertos entro otros muchos mecanismos, tendrán cabida y respaldo institucional, lo que impulsara el mayor interés del ciudadano por  asumir un papel más beligerante en la conducción de su sociedad.,

Específicamente en Venezuela la constitución de 1999 establece en su artículo 5  el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que le componen es y será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, de igual manera el articulo 62 destaca que todos los ciudadanos tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes electos.

Por otro lado la Carta Magna también señala expresamente algunos medios que facilitan la participación y expresión viva del pueblo en el ejercicio de la soberanía, entre los cuales se encuentran las  elecciones de cargos públicos, diferentes tipos de referéndum, la consulta popular, opciones de revocatoria de mandatos de funcionarios electos, posibilidad de impulsar y concretar iniciativas para nuevas leyes o modificaciones de las existentes; solicitud de reformas constitucionales e incluso convocatoria de Asambleas Constituyentes; cabildos abiertos, asamblea de ciudadanos y otras formas del poder popular cuyas decisiones se consideran vinculantes.

Se subraya el hecho que la Constitución extiende el campo de acción de la participación popular a todos los niveles del Poder Público, incluyendo el municipal, estableciendo taxativamente que los gobiernos locales deben apoyarla en todo el proceso de definición y ejecución de la gestión pública, así como en las fases del control y evaluación, en forma efectiva, suficiente y oportuna (artículo 168); generando en consecuencia el afianzamiento de la participación en pro de la mejora permanente de las condiciones de vida de la comunidad.

Más allá de la fundamentación constitucional y jurídica la participación ciudadana es un proceso social  de inagotables vertientes sociales, políticas y culturales. Representa nuevos escenarios donde la ciudadanía puede hacerse presente tanto a través de su voz, su veeduría, el control y la revisión de las políticas, programas y actividades que tengan efecto en su calidad social de vida.

Resulta de la acción mancomunada y de la intención de individuos y grupos en busca de metas específicas; en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y relaciones de poder. Al ser un proceso colectivo, participan diferentes actores y fuerzas sociales, cada una con sus intereses, aspiraciones, incluso ambiciones especificas estableciendo un conglomerado de interacciones de forma directa o mediante sus representantes o voceros, orientados a influir de alguna forma en la conducción de la sociedad como un todo, con el propósito de mantener, sustituir, modificar, suprimir o transformar el enfoque, atributos, ámbito y alcance de los sistemas vigentes que soportan la organización social y política.  En este orden de ideas, la participación ciudadana debe ser ejercida por todos, actuando en función de intereses generales y del bien común.

La participación viene a ser una especie de derecho Social, dirigido a la observancia, control y evaluación por parte de la comunidad –organizada o no- de aquellos elementos, procesos y políticas que impactan su devenir y accionar colectivo. Simboliza en su desarrollo integral una  interacción entre el Gobierno, Estado y Sociedad para generar políticas que satisfagan realmente las necesidades del ciudadano, incorporándolo en la toma de decisiones y haciéndolo copartícipe en los procesos donde se encuentre vinculado, implantando en todo momento acciones que conlleven al servicio de una sociedad.

 

BALANCE SOCIAL… HERRAMIENTA ESTRATÉGICA

Dra. Lisbeth Moreno Lujan
URBE- Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
lisbeth.moreno@urbe.edu.ve

Postdoctorado en  Gerencia de las Organizaciones, Doctorado en Ciencias Gerenciales, Magíster Scientarium en Psicología Educacional, Especialista en Metodología de la Investigación, Psicólogo (URU), Miembro del comité del Doctorado de Ciencias Gerenciales (URBE), Coeditora de la Revista COEPTUM (URBE).

 

En la actualidad, las organizaciones están cada vez más preocupadas por implementar estrategias que les permitan el logro de su competitividad y eficiencia, es por esto que se establecen entre varias acciones, las innovaciones en la reducción de costos, en la optimización de recursos, en el mejoramiento de los procesos y productos, la ampliación de mercados, mayores rendimientos en sus inversiones, entre otros. Sin embargo, pudiese decirse que esta preocupación no se evidencia con la misma intensidad, en la búsqueda de la eficiencia del componente social, el cual debería estar en relación directa con las personas, el entorno local, la comunidad, la sociedad, las relaciones con los diferentes sectores con los cuales interactúan y que hacen posible no solo su desempeño, sino también el crecimiento de las mismas.

Para Server Izquierdo (2005), la responsabilidad social está relacionada con la parte de la actividad voluntaria de las empresas relativa a la mejora de la sociedad a la que pertenecen y a la preocupación por el medio ambiente en el que se encuentran. Es cada vez mayor el número de empresas que reconocen abiertamente su responsabilidad social y la consideran parte de su identidad. Esta responsabilidad debe expresarse frente a su público interno y, en general, frente a todos los interlocutores externos a la empresa que pueden influir en su éxito.

Gonzalez (2007), por su parte señala que la empresa inserta en la comunidad, asume, que la Responsabilidad Social se relaciona con su contexto y sus capacidades. En particular se relaciona con el medio ambiente, el manejo del talento humano, la transferencia de ciertas habilidades al entorno (gerenciamiento, medición del riesgo, análisis del proyecto), y la inserción en la comunidad.

Expuesto lo que se considera Responsabilidad Social, puede por tanto deducirse que la misma se entiende como la respuesta que se asume libremente frente a las expectativas de los sectores con los que se relaciona, para cumplir con esos objetivos la empresa debe tener instrumentos de evaluación y de control que le permita registrar y mostrar lo que hace para cumplir con estos tan altos objetivos. De aquí surge lo que se conoce como el Balance Social, el cual es un instrumento de gestión que muestra en forma clara y objetiva los resultados que la empresa hace a través de sus políticas de contribución social.

Para el Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicos (IBASE) el Balance Social transforma la frialdad de los números en Responsabilidad Social.  Específicamente el IBASE (2005, pág. 62) considera que el balance social es “un demostrativo que debe ser publicado anualmente por la empresa reuniendo un conjunto de información sobre los proyectos, beneficios y acciones sociales dirigidas a funcionarios, inversionistas, accionistas y la propia comunidad.” Sirve por tanto como instrumento estratégico para la medición y evaluación de los resultados de la aplicación de las políticas sociales en un periodo determinado.

La empresa venezolana a través de postulados como los de Machado (2006), establece algunos objetivos del balance social, entre los cuales destacan: Conocer de manera sistemática los resultados de la responsabilidad social en las empresas, identificar aquellos programas de mayor utilidad para la comunidad, corregir su desempeño y plantearse nuevas metas, de esos objetivos se deducen sus ventajas las cuales están vinculadas con brindar información a la alta dirección que permita tomar decisiones oportunas en la fijación de políticas, mejorar la imagen y reputación así como atraer y retener talento calificado.

Lo anterior hace resaltar la importancia que debería tener para todas las organizaciones apropiarse del Balance Social como herramienta de gestión y convertirlo en punta de lanza que permita ofrecer de forma clara garantías a sus trabajadores tomando en cuenta que el sentido de pertenencia a través de la admiración que siente un empleado por el lugar en el que trabaja se traducirá en fidelidad y optimo desempeño. Por su puesto es importante tener claro que a partir de las características diferentes de las organizaciones en cuanto a su razón social, sector al que pertenecen, entorno donde se desempeñan, entre otros elementos deber diseñarse un modelo de indicadores específicos que interpreten a cabalidad la realidad organizacional a evaluar.

 

LA GESTIÓN SOCIAL ANTE DESAFÍO DE LOS DÉFICITS SOCIALES

  Dra. Jenny L. Guerra H.
URBE – Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
jennyguerraurbe@gmail.com

Dra. Ciencias Gerenciales, MSc. Gerencia de Recursos Humanos, Lcda. En Comunicación Social, Especialista de metodología de la investigación, Miembro de Comité Académico de Maestría, Gerencia empresarial, Tutora de tesis, Docente de cátedra.

 

Los cambios en la sociedad actualmente derivan de un nuevo sistema social generado a partir de la globalización, siendo su epicentro el conocimiento, de acuerdo a lo expuesto por Stiglitz (2006). Esta globalización deriva en condiciones para una nueva sociedad mundial constituida a partir del desarrollo tecnológico y telemático introducido durante el siglo XX.

De esta manera, las sociedades se han ido integrando, desde la base de sus comunidades, conformando lentamente un escenario homogéneo para su acción, originando un mundo vinculado y vinculante, esencialmente por lo económico, así como por los intereses financieros y políticos de las empresas transnacionales. De esta manera la globalización se ha consolidado a través de factores económicos, sociales y políticos provocados por este mismo fenómeno, surgiendo así una nueva lógica social.

Desde esta perspectiva, se observa como la sociedad civil ha incorporado diversas formas de organización orientadas a la atención de la problemática social. Este fenómeno no es exclusivo de un país determinado, refiere Schvarstein (2007) más bien constituye una respuesta universal a los diversos problemas de pobreza y exclusión que es posible reconocer actualmente en la sociedad.

Basado en este contexto, se observa el papel preponderante del Estado en el campo social, siendo esto relacionado con los planes especiales, de alta prioridad en la agenda de los gobiernos de la región, además del tema de la pobreza. En consecuencia, conviene reflexionar sobre las características más relevantes de la gestión de las organizaciones orientadas a la consideración de los temas sociales, enfatizando en la problemática concreta de este tipo de gerencia o de lo que actualmente se denomina gestión social.

Tal como lo plantea, Cohen y Franco (2005) la gestión social consiste en el análisis de la formulación, evaluación, implementación y monitoreo de las políticas, programas y proyectos sociales, así como de las condiciones institucionales y organizacionales necesarias para obtener resultados adecuados. Orientando su acción hacia el impacto que los programas y proyectos producen en la población a la cual están dirigidos. Por lo cual resulta de interés en el marco de la gestión social, mejorar el impacto externo así como la eficiencia interna de los programas y proyectos.

Por tanto, se requiere de algunas formas particulares de acción considerando las características que deben darse para gestionar eficientemente los servicios sociales y programas, basados en una plataforma estratégica, con un análisis prospectivo, pues en su desarrollo se consideran una serie de avances ocurridos en torno a las mejoras que se pretenden alcanzar en la gestión social, en especial en el sector público.

Actualmente Venezuela se encuentra sumergida en una realidad compleja, diversa, los cuales pueden concebirse de fuertes contraste e inequidades en términos de niveles de ingreso, bienestar, calidad de vida así como de necesidades básicas insatisfechas, dando origen a problemas de cara a las relaciones y a la manera cómo se organiza y estructura la sociedad contemporánea.

Por lo tanto, surgen nuevas ideas, con el fin de reducir los agudos problemas de pobreza y desigualdad de en las regiones. Uno de los mayores desafíos es descifrar la amplia concertación social para lograr las profundas transformaciones necesarias. Sin embargo, los diseños de política más agudos tendrán insuficiente concreción, sino se cuenta con administraciones públicas eficientes y una sólida gestión social que garantice la aplicación de los mismos.

Makote y Saavedra (2006) consideran que descansa en los supuestos conceptuales y prácticos los cuales paralelamente involucran los campos del desarrollo social, la política pública además de la gerencia pública. Por ello, para que la gestión social logre ser eficiente, deberá  optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado aunado a los actores sociales, en la lucha de los déficits sociales de la región.

En este orden, Kliksberg (2007) refiere que la gestión social representa una práctica cotidiana y enfrenta particularidades, pues se enfrenta a situaciones muy específicas y subjetivas relacionadas con los mismos problemas sociales de una determinada comunidad. Por tanto, para que la gerencia social se considere eficiente, se requiere impulsar el rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales involucrados en el desafío de los déficits sociales de la región, además del mejoramiento del funcionamiento de la inversión y sus resultados, no sólo  en talento humano, sino también en lo social.

Partiendo de los aportes de los autores consultados, se puede entender que la gestión social constituye un campo de acción o prácticas, donde se incluyen aquellos conocimientos estratégicamente orientados hacia la promoción del desarrollo social, persiguiendo la creación de valor público a través de su gestión, lo cual contribuirá a la reducción de la pobreza y la desigualdad, además al fortalecimiento de la ciudadanía, propiciando la coordinación intersectorial, interorganizacional e intergubernamental mediante el diálogo, la concertación y las redes sociales de apoyo; logrando con ello orientar los resultados y  los procesos, para así reconocer todas las fases en el ciclo de construcción de las políticas públicas y representar un campo de conocimientos y prácticas que se apoya en unas herramientas cónsonas para el desarrollo de la sociedad/país.

 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN VENEZUELA ¿QUIÉN LAS DECIDE?

  Dra. Doris Colina
URBE- Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
dmcolina@urbe.edu.ve

Doris Colina de Andrade Abogado (LUZ, 1988) Licenciada en educación Integral mención lengua (UNICA, 2000); Magíster en Ciencias de la Educación mención Gerencia educativa (URBE, 2004), Doctora en Ciencias Políticas (URBE, 2013) Miembro Comité académico del doctorado de Ciencias Políticas de la URBE.

 

Actualmente una de las principales dificultades presentada por los gobiernos, es precisamente su capacidad a la hora de diseñar y establecer políticas y programas públicos no solo eficaces sino efectivos capaz de responder a una nueva administración pública. El ideal es que se consulte a la población sobre las necesidades imperantes en las comunidades, realizar un diagnóstico para priorizarlas, sin embargo, en la praxis la cosa no funciona de esta manera. Es decir, se diseñan políticas públicas direccionadas a solucionar problemas o satisfacer necesidades poco relevantes para la sociedad, mientras las necesidades básicas continúan insatisfechas. De ahí la importancia de cumplir unas fases en este proceso porque de esta manera se minimizan esfuerzos y se atacan las dificultades comunitarias.

Al respecto, Garretón (2004) afirma, uno de los temas presentes en el debate político de los últimos años es el del diseño y la práctica de las políticas públicas, especialmente en América Latina. En ese sentido, las políticas públicas constituyen un factor común de la política y de las decisiones del gobierno así como de la oposición. De esta forma, parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al planteamiento de las políticas públicas.

Indudablemente el sistema político se encarga de diseñar las políticas públicas obligatorias para la satisfacción de las necesidades de la población. Desde esta perspectiva coincido con la opinión de Piñango (2003), quien considera que las mismas son proposiciones gubernamentales sobre la mejor forma de lograr determinados objetivos sociales. Es decir, se trata de ideas que contienen toda la fuerza y debilidades de éstas, no obstante las mejores ideas pueden generar efectos indeseables, precisamente porque se atacan las necesidades poco prioritarias.

Dentro de este contexto, en el cometido de las políticas sociales, la jerarquía del Estado es incuestionable, perfectamente reconocida por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD, 1998 p. 7), cuando expone “el Estado continúa siendo un instrumento fundamental para el desarrollo económico, político y social de cualquier país”. En ese orden de ideas, autores como Majone (2001) reconocen en esta forma de hacer políticas públicas una estrategia real para recrear el contrato Estado-Sociedad y definir de esta forma, las estrategias interinstitucionales que garantizan la eficacia de las soluciones buscadas.

En ese sentido, la condición fundamental de una política pública basada en derechos de los ciudadanos, pasa por el otorgamiento de poder a los sectores habitualmente relegados y por el reconocimiento de los deberes que el Estado tiene por tratarse de seres humanos titulares de derechos. Este enfoque se enmarca en la búsqueda del cambio en la lógica de elaboración de políticas orientadas en la consideración de las personas como víctimas pasivas receptoras de ayuda. Todos estos señalamientos dan a conocer la importancia de diseñar políticas públicas dirigidas a la solución de los problemas esenciales de los habitantes de una comunidad, estado o país, pero sin olvidar la necesidad de participación de éstos de una manera activa y protagónica en la creación de las mismas, porque ellos son los más afectados, además es su derecho, aunado al deber del Estado de procurar la satisfacción de las necesidades de un pueblo.

En conclusión, la metodología empleada en el diseño de políticas públicas sin abarcar las opiniones de los sujetos afectados, no solo violenta los derechos de las personas a disfrutar de un bien colectivo, sino que además deja insatisfechas necesidades prioritarias en las comunidades, razón por la cual, se considera pertinente escuchar, atender, jerarquizar y luego realizar el diseño de esas políticas, a objeto de obtener la participación e involucramiento de las personas en sus procesos políticos.

 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

  Dr. Miguel E. Negrón F.
URBE- Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
miguel.negron@urbe.edu

Postdoctorado en Estado, Políticas Publicas y Paz Social(URBE), postdoctorado en Gerencia de Educación Superior (URBE), Doctor en Ciencias de la Educación, Magíster Scientarium en Docencia para la Educación Superior (UNERMB) , Curso superior en Gerencia Educativa (IDEAS),   Licenciado en Educación (LUZ) . Docente Universitario Jubilado, categoría Titular (UNERMB y URBE). Investigador categoría  B (PEII). Investigador  del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (URBE).

 

Introducción

Desde la distinción del Estado Liberal y el Estado Social, en el siglo XVI, se ha venido dando una discusión sobre la preeminencia de uno sobre el otro, incluso han surgido posturas eclécticas a lo largo de la historia universal, sin embargo, un denominador común ha estado permanente, y es la obligación del estado de procurar el bienestar social a la población.

El propio término anterior ha estado involucrado en la diatriba que se ha mencionado anteriormente. Para Sánchez Rosado , 2004, el bienestar social implica  el Suministro de ” bienes y servicios” , así como ,lo concerniente a la regulación  de determinadas relaciones sociales , en especial las del mercado de trabajo  para proteger a los colectivos sociales más débiles en la distribución del poder económico y político; mientras que para Prieto 1991, El concepto de bienestar social no es cuantitativo, no se puede medir en unidades homogéneas  o mediante comparaciones  significativas con otras situaciones globales . Sino, que se muestra más bien como un concepto relativo que hace referencia al respecto de riquezas sociales.

En la actualidad, desde dos visiones se trata de estudiar la pobreza; una circunscrita al ámbito de riqueza material economicista, que estratifica a la población por el atesoramiento de riquezas tangibles y otra que la enmarca dentro de la multifactorialidad del individuo, identificada como pobreza multidimensional, la cual según Poggi (2004), citado por Fernández (2006) representa  un estado de exclusión relativa respecto a la sociedad en la que vive. La exclusión social en un momento del tiempo se define como la imposibilidad de alcanzar algunos funcionamientos relevantes (esto es varias cosas que el individuo es capaz de hacer o ser en el curso de su vida), vale decir que todos somos potencialmente ricos, solo que la circunstancia nos ha hecho cifra de estadios inferiores de bienestar social con respecto al estándar de un  colectivo determinado.

En el contexto social tiene  participación tanto el sector público como el privado, por lo tanto la creación de condiciones de mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos corresponsablemente debe incluir  a ambos, según el mandato constitucional. En el presente trabajo se plantea como objetivo estudiar la responsabilidad social empresarial como una alternativa válida para  lograr la disminución de los niveles de pobreza en las comunidades venezolanas, considerando la multidimensionalidad de la pobreza como es su concepción en la actualidad, según la ONU.PNUD, 2014, en el marco del Índice de Desarrollo Humano.

El Índice de Desarrollo Humano     

El índice de desarrollo Humano (IDH)  es la resultante del bienestar social sostenible con equidad  y libertad  cuando se relacionan variables económicas con variables sociales de manera ilustrada se puede recurrir a la descripción siguiente: si dos ciudadano tienen un empleo (variable social) cada uno devengado un salario relativamente alto, pero el trabajador “A” habita en una región con una inflación alta (variable económica), mientras que el asalariado “B”  vive en una zona con inflación moderada, entonces se dice, que el ciudadano “B” presenta mayor índice de desarrollo humano que en el caso “A”, por cuanto puede disfrutar más con su ingreso, en otras palabras puede adquirir mayor cantidad de bienes y servicios  que mejora su calidad de vida.

Para ONU.PNUD (2004) El desarrollo debe ser interpretado como el fruto de la interacción de cuatro elementos; equidad social, competitividad económica,  institucionalidad democrática y sostenibilidad ambiental, en este sentido el desarrollo humano se mejorará si existen políticas públicas que tomen en cuenta esta compleja interacción. En el informe del 2014, ese mismo Organismo Multilateral presentó un estudio longitudinal que permite analizar cómo ha sido la variación del  (IDH) trece años.

De este informe se desprende que el promedio porcentual de crecimiento de Índice de Desarrollo Humano muy elevados logró un pico hasta 2008, pero que en el último quinquenio decreció a niveles de 1990, mientras que IDH elevados y medios han mantenido un crecimiento porcentual promedio a lo largo del periodo del estudio. En otras palabras, los excelentes han decrecido y los sobresalientes y regulares han crecido constantemente; todo esto puede configurar un déficit mundial en crecimiento del Desarrollo Humano, lo que no habla totalmente bien de las políticas públicas para proveer bienestar social a los ciudadanos del mundo.

Ahora bien, en América Latina este déficit se ve acentuado, como se aprecia en el cuadro siguiente.

Cuadro 1  Indicadores Sociales y Económicos en América Latina. 2014

País

PIB (PP) $

IDH

I.Gini

S.Deu%

I.Cal.Vida

Esf/Pbza

Conf. Gob.

Argentina

17.297

0,808 (49)

44,5

3,57

6,5

34

42

Belice

9,364

0,732 (84)

53,1

9,9

6,0

20

29

Bolivia

5.552

0,667 (113)

56,3

2.0

6.0

56

44

Brasil

14.275

0.744 (79)

54,7

2,43

6,9

45

46

Colombia

11.527

0,711 (98)

55,9

3,15

6,4

34

36

C. Rica

13.012

0,763 (68)

50,7

3,9

7,3

40

28

Cuba

19.844

0,815 (44)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Chile

20.804

0,822 (41)

52,1

6.52

6.6

35

34

Ecuador

9.998

0,711 (98)

49,3

3,5

6,0

59

54

El Salvador

7.240

0,662 (115)

48.3

5,5

5,9

41

50

Guatemala

6.866

0,628 (125)

55,9

4,54

5,9

41

50

Haití

1.636

0,471 (168)

59,2

N.D.

4,4

15

37

Honduras

4.138

0,617 (129)

57,0

6,12

4,6

32

26

México

15.854

0,756 (71)

47,2

3,6

7,3

41

36

Nicaragua

4.266

0,614 (132)

40,5

7,2

5,4

53

57

Panamá

16.379

0,765 (65)

51,9

2,8

6,9

37

36

Paraguay

7.580

0,676 (111)

52,4

1,8

5,8

33

30

Perú

11.280

0,737 (82)

48,1

2.03

5,8

37

27

R. Dominicana

10.844

0,700 (102)

47,2

2,8

4,8

46

43

Uruguay

18.108

0,790 (50)

45,3

3,2

6,4

58

58

Venezuela

17.067

0,764 (67)

44,8

2,0

7,1

60

54

CLAVE: IDH x= Índice Desarrollo Humano. (  )  Posición en el Mundo; Índice Gini; Servicio Deuda Pública; Índice Calidad Vida; Esf/Pbza= Esfuerzo del Gobierno en la lucha contra la pobreza
Fuente: Desarrollo Humano según indicadores de las Naciones Unidas en el marco de la paridad cambiaria múltiple existente en Venezuela en la actualidad, Negrón, Govea y Nava, 2014.

El cuadro presentado, muestra las diferencias marcadas en los países de  la Región en cuanto a los indicadores preestablecidos y los contrastes históricos que reiteran el saldo pendiente  en esta parte del mundo. Venezuela presenta índices aceptables, al igual que Chile, México, Brasil. Sin embrago el avance hacia niveles superiores para catalogarse de Nación en vía hacia el desarrollo no lo ha logrado, a pesar de tener un reconocimiento por su lucha contra la pobreza y una confianza en el gobierno alta y un nivel de calidad de vida de las más alta  (3° en el Sub-continente). El autor del presente trabajo cree que la pobreza, vista desde una perspectiva multidimensional, marca con un alto poder discriminatorio esta condición.

Pobreza multidimensional

Esta visión de la pobreza es la interpretación posmodernista y enmarcada en la Teoría compleja próxima a la realidad con la que se debe estudia la misma, un ejemplo concreto puede comprobar lo afirmado; una familia puede ser poseedora de bienes de fortunas que le permita sufragar todos los gastos para satisfacer sus necesidades materiales. Pero si su vivienda está ubicada en una zona con altos niveles de delincuencia, entonces la seguridad personal y la de sus bienes es  escasa, se dirá que es pobre en cuanto a esto último.

Sigue siendo una asignatura pendiente el 21,9% de la población mundial vive dentro de calamidades extremas.

Ahora bien, desde la multidimensionalidad, se aprecia  una disminución en el valor medio (entre 1,25 $ y 2,5 $ por día para vivir) en el orden de 12,9 puntos porcentuales. Sin embargo, esta variación se desplazó casi por igual (6 %) hacia las otras categorías,  lo que demuestra que el indicador  económico no tiene un alto poder discriminatorio en la pobreza cuando se estudia tomando en cuenta los múltiples factores que están entrelazados para su configuración. Es así, como la pobreza se estudiada más profundamente y es como se logaran datos que aconseja la búsqueda de cooperantes  para la lucha contra esta  lamentable realidad ya esbozada en párrafos anteriores. El sector privado con la responsabilidad social empresarial está llamado a jugar un extraordinario papel y complementa la obligación del Estado.

La Responsabilidad social empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el deber ético, moral, legal y  profesional a través de la cual  las empresas devuelven  de forma voluntaria a la sociedad beneficios como la generación de empleo, el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad donde se encuentra ubicada para de estar forma conseguir un mejoramiento de la calidad de vida en su entorno local o estadal. Para Nieto y Fernández (2004) los comportamientos socialmente responsables de las empresas inducen efectos positivos a largo plazo que contribuyen a aumentar el rendimiento y el valor de las mismas, Córdoba (2007) indica que la RES es asegurar la continuidad a largo plazo de la empresa; su factor de sostenibilidad está completamente integrado de las estrategias y la gestión empresarial.

En términos concretos, una empresa determinada en su programa de responsabilidad social está llamada a ser un factor  sinérgico dentro de una comunidad, introduciendo a su  cotidianidad bienes tangibles o intangibles que complementen la acción gubernamental  y que contribuyan con el bienestar social; así, la pobreza desde la visión de su multidimensionalidad  tendrá la posibilidad de disminuir. Por ejemplo un programa de formación de artesanos o de mano de obra calificada con posibilidad de empleo o apoyo crediticio  mediante su aval financiero en una comunidad específica,  tiene lo posibilidad de bajar los índice delictivos en este sector con lo cual la seguridad de personas y bienes aumentaría, entonces este indicador dentro de los múltiples que determinan la pobreza mejoraría con respecto al mismo.

Reflexiones finales

La Responsabilidad Social Empresarial implica que en una Nación, tanto el Estado como el Sector privado  tienen funciones concurrentes, por lo tanto es necesario que reconozcan su interdependencia.

La pobreza multidimensional ofrece una amplia posibilidad de participación tanto del Estado como del Sector privado para lograr su reducción, con el consecuente beneficio para la sociedad en general.

En términos del Desarrollo Humano existe déficit que es necesario subsanar y que una alianza estratégica entre el Estado y el Sector privado contribuiría a su disminución.

Un programa de Responsabilidad social empresarial bien concebido traerá beneficio a todos los entes involucraos: Estado, empresa y comunidad.

 

PRAXIS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL: HERRAMIENTA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

  Dra. Linda  Susana  Chacín Navea
URBE- Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
lschacin@urbe.edu.ve

Dra. En ciencias políticas (URBE) Msc. En Gerencia Tributaria (URBE), Licenciada en Contaduría Publica (LUZ). Docente Ordinaria pregrado en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. Docente en el postgrado URBE del programa de Gerencia Empresarial, miembro del comité académico Gerencia Empresarial. Investigadora acreditada (PEII ONCTI), Categoría  A-2.

 

Las transformaciones acontecidas en los últimos años en Venezuela  en el ámbito económico, político y social, produjeron una serie de hechos históricos guiados por un nuevo y esperanzador liderazgo político-social, Es así como, el  máximo marco legal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,  experimenta algunas modificaciones para adecuarla aún más  a las exigencias sociales del tiempo actual,  enmarca el nuevo rol participativo y protagónico de los ciudadanos, dichas disposiciones  para otorgarle al pueblo un mayor poder de decisiones tanto en lo político, económico como social, dichos roles participativo se encuentran enmarcados en los artículos 62 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para tal efecto, atendiendo a las normas establecidas   en la Constitución, se crea  la Ley de los Consejos Comunales promulgada el 9 de abril del año 2006, modificada el 28 de diciembre del 2009, como Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley Orgánica de las Comunas, Ley de transferencia de competencias al Poder Popular, (2010), Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. (2010) entre otras normas vigentes en el país con el objetivo de promover la contraloría social en el marco del ejercicio de la democracia participativa.

En relación a lo expuesto es de gran importancia analizar experiencias sobre la praxis de la contraloría social, por lo que se comparte a continuación una experiencia con los consejos comunales del municipio Mara del estado Zulia.   Esta  investigación abordo  las transformaciones del Estado hacia el control social,  en aras de obtener la máxima eficiencia y  transparencia de la gestión pública,  por medio del apoyo y divulgación de un marco legal a las comunidades del Municipio Mara,  así como las funciones que debe cumplir en el ejercicio de la contraloría social,  la práctica de los  principio éticos y modalidades de los medios  para accionar la contraloría social.

Para llevar a cabo el presente estudio  se basó en referentes teóricos como: El Troudi, Hanaker, Bonilla (2005) Morandy (2006); Soteldo  (2005),  González (2006), Cruz (2006) entre otros. El tipo de investigación fue  explicativa, no experimental, de campo, como técnica  se utilizó  la encuesta mediante cuestionario,  compuesto por 66 ítems de escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta el cual fue validado por 10 expertos, su confiabilidad por Alpha de Cronbach arrojo como resultado un  0,92. La población estuvo conformada por 66 consejos comunales del municipio Mara de las cuales se tomó una muestra no probabilística de 6 consejos comunales con 12 unidades informantes.

Variable Contraloría Social herramienta de democracia participativa.

Hipótesis:

H0: Las  muestras tienen igual medias de  rangos

H1: Las  muestras tienen distintas medias de  rangos.

Termino Matemático de las Hipótesis:

Tabla 1

Prueba de Kruskal-Wallis para los componentes de la Variable Contraloría Social herramienta de democracia participativa 

variable

N

Rango promedio

Dimensiones

Mediana

Marco Legal

4

12

23,33

Funciones de la contraloría social

12

27,71

Principios éticos de la contraloría social

12

24,17

Modalidades de  acción de la contraloría social

12

22,79

Total

48

Fuente: cálculos a partir de las encuestas (2014)

 

Estadístico de Contraste para los Componentes de la variable Contraloría Social herramienta de democracia participativa

dimensiones

MedianaChi-cuadrado

4,00

,916

gl

3

Sig. asintót.

,822

Fuente: Elaboración propia (2014)

En la tabla referida a las dimensiones estudiadas con respecto a la contraloría social en los consejos comunales del Municipio Mara muestran, los resultados obtenidos al aplicar la prueba de  Kruskal-Wallis,  al respecto se observa que la significancia es de 0.822 la cual es > 0.05  (X2 = 0.916  p < 0.05), es decir, no hay diferencia estadística significativa entre los componentes de la variable,  por lo cual se acepta H0 y se rechaza H1, es decir que no existe diferencia entre los rangos, con una mediana de cuatro (4), validándose un alto cumplimiento de las dimensiones estudiadas con respecto a la variable contraloría social  .

Así pues, al análisis estadístico,  arrojo como  consideraciones finales más resaltantes, todos los consejos comunales objeto de estudio tiene la misma aplicación de los conocimientos sobre el marco legal sobre la contraloría social, todos muestran un alto compromiso en el cumplimento de las funciones de contraloría social, asimismo todos practican los principios éticos  de contraloría social, en relación a las características de las modalidades de acción de la contraloría social, se pudo constatar que se aplican por igual y medianamente  las modalidades individuales, colectivas y orgánicas perdiéndose esta última en su práctica entre la modalidad individual y colectiva.

Cabe destacar, los resultados positivos constatados en la praxis de la variable objeto de estudio, tiene su explicación en los programas de formación que han recibido los consejos comunales del municipio Mara, por parte del Consejo Federal del Gobierno, Fondo de Desarrollo Micro financiero (FONDEMI) aunado al monitoreo y apoyo constante a las comunidades por parte de la Contraloría del Municipio Bolivariano de Mara y del gobierno Municipal.

Aun así, se propuso realizar un programa de monitoreo constante sobre la aplicación  de la normativa legal vigente así como de las funciones y principios éticos de la  contraloría social, además  promover el liderazgo responsable en la aplicación de la misma.

Lo anteriormente  planteado, exige de las instituciones del Estado, promover procesos de intercambio de saberes y monitoreo mediante los cuales la ciudadanía se organice y movilice en la exigencia de sus derechos a la participación  para así contribuir activa y protagónicamente en la garantía de los mismos, por medio de la contraloría social como una forma de ejercer la democracia participativa conferida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un proceso de seguimiento y fiscalización de los bienes, servicios y obras que se le otorga a las comunidades.