Boletín de la Escuela de Contaduría Pública

Dra. Nivia Petit

La gestión empresarial requiere dentro de sus herramientas de crecimiento aquellas que les permitan prever o planificar sus ingresos y gastos, entre otros renglones de interés.

Durante muchos años los estudiosos/escritores/autores literarios del tema presupuestario han dado a conocer la herramienta presupuestaria para lograr tal cometido, sin embargo, se cuestiona la misma, dado que pudiera preguntarse, ¿será sólo una herramienta académica? o ¿Los gerentes estarán aplicando éstas adecuadamente?

Estas inquietudes nacen del hecho de conseguir en las empresas disparidad o variaciones entre lo planificado y lo real, en materia de gastos e ingresos, surgiendo las interrogantes: ¿será esta situación producto de una inadecuada proyección?, ¿será producto de la vulnerabilidad del mercado?

Ante las interrogantes anteriores, nace la inquietud de ver la verdadera labor de los gerentes, de los planificadores, quienes deben realizar una adecuada proyección, la cual debe estar acorde con los factores cambiantes del mercado, utilizando técnicas que permitan determinar un mayor nivel de similitud entre las partidas presupuestarias proyectadas y las reales.

Es decir, el nivel de variación o desviación debe ser cada vez menor, lo cual le permita a las empresas poder tomar decisiones acertadas en cuanto a inversiones, pagos, entre otras actividades propias del crecimiento empresarial.

Dr. Francisco Guerrero

En el moderno estado democrático de derecho, la tributación se aleja de la visión meramente expropiatoria y se hace una herramienta fundamentalmente necesaria, no sólo para que se promuevan y alcancen los objetivos de Gobierno, sino para que se desarrollen políticas económicas y fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 316, con la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población.

La extrafiscalidad bien entendida es un complemento para la expansión de la economía nacional, a través de la tributación como medio para generar el bienestar de la población. Dentro de este marco de ideas surge, consecuentemente, la necesidad de promover un efectivo control social de las políticas públicas, partiendo y permitiendo a los ciudadanos la participación indirecta en la formulación de la gestión pública, adecuándose ésta a la realidad del país, además de la fiscalización y el control de una correcta forma de aplicación de los recursos obtenidos por el Estado.

El derecho tributario siempre se ha estudiado bajo el enfoque de la obligación del ciudadano-contribuyente con el Estado, es decir, totalmente impositiva, como un acto del poder de imperio del Estado. La tributación en el estado de derecho, se aleja de la visión meramente recaudatoria y se hace un instrumento necesario para la ejecución de los objetivos de la nación, especialmente la reducción de las desigualdades económicas-sociales.

El estado social de derecho propone la consecución de un nivel de vida digno (estado de bienestar) para sus ciudadanos, en donde le corresponde el desarrollo de los principios básicos que permitan al ciudadano la obtención de ese mínimo existencial a través de la creación de escenarios sociales en término de igualdad de oportunidades.

En el Estado social de derecho aumenta la actuación administrativa del mismo con el mejoramiento los servicios públicos, a través de la aplicación del gasto destinado a satisfacer las necesidades colectivas, en beneficio de sectores que antes eran considerados como improductivos.

El Estado social de derecho, es un desarrollo y superación del estado liberal de derechos, donde se hace posible una realización más acabada de la ciudadanía política, asegurándose una ciudadanía social. Con el estado de bienestar se busca dar seguridad económica y social a los ciudadanos, reduciendo las desigualdades, eliminando la pobreza, y dando respuesta al proceso de modernización del estado intervencionista en la economía del país.

Es por ello que surge el control social del las políticas públicas, en el que se requiere la participación efectiva de los ciudadanos como un mecanismo de democratización en la cual no sólo participen directamente en la formulación de las políticas del Estado, sino también que fiscalicen la aplicación acertada de los recursos públicos obtenidos a través de la recaudación de los impuestos.

En este sentido, se puede sostener que la libertad es la razón y el límite de la tributación, los tributos se constituyen en un espacio abierto de los derechos fundamentales de los ciudadanos con el objeto y la garantía del bienestar social colectivo.

En este orden de ideas, los tributos son en parte responsables por el mantenimiento social del Estado, salvaguardando los servicios y con la implantación de las políticas públicas, cuyo objetivo es permitir al Estado alcanzar el bienestar colectivo.

Es cierto que las políticas públicas, por su naturaleza, están dirigidas a la reducción de la pobreza, el acceso a la educación, a la salud, pero se conoce que las mismas son insuficientes; en función de la realidad del país no se puede, de acuerdo con esta postura, pensar que al cancelar los tributos se acaban los problemas sociales del Estado, por lo que además se deben implementar acciones efectivas del mismo y el apoyo de los ciudadanos, para el logro de los fines del Estado.

Es a través del cambio de la realidad política-fiscal del Estado, donde los ciudadanos pasan a una actitud activa, definiendo sus derechos (Estado de Derecho) con la participación supervisión y control de las organizaciones comunitarias, como se puede lograr la finalidad del Estado y el Bienestar Colectivo de los Ciudadanos…

Lcdo. Armando Urdaneta Espinosa M.Sc

En la actualidad, los indicadores integrales de gestión han cobrado relevancia en el mundo de la gerencia moderna. Esto, en virtud de la necesidad de implementar planes que, dirigidos estratégicamente, permitan evaluar resultados de orden económico-financiero-contable, además del reconocimiento del impacto externo de la empresa en su comunidad, y  de la necesidad de medir lo que representa su responsabilidad social inherente a su desempeño, insertándose dentro de la realidad social regional, nacional e internacional; cuya tendencia es hacia el estudio de la incidencia del desarrollo económico en el empleo y explotación de los recursos ambientales.

En este particular, la implementación y el control estratégico de su gestión a través de planes específicos, se perfila como una competencia fundamental de toda organización globalizada para responder a la dinámica del mercado, en la que es perentoria la valoración no sólo de aspectos cuantitativos (Contabilidad, Presupuesto, Finanzas, entre otros), sino también de otros que se denominan cualitativos o no financieros (Productividad, Contaminación, Reprocesos, Fallas Externas e Internas de operaciones, entre otros).

Hoy más que nunca se ha manifestado preocupación por contribuir con el mejoramiento continuo de las organizaciones, considerando la competitividad y la productividad como factores claves en este mundo globalizado. Motivo por el cual los indicadores integrales de gestión se han convertido en una herramienta de mucha utilidad, pues facilitan a la administración la identificación de fortalezas y debilidades en diversos aspectos desde un punto de vista contable más completo o avanzado.

Es importante acotar que un sistema de indicadores integrales de gestión procura las necesidades de diferentes usuarios en una organización. Por ello se debe realizar una combinación estratégica de medidas para validar procesos iniciales, intermedios, y de salida, aspectos financieros y no financieros, y demás elementos internos y externos de la entidad, entre otros.

En el caso del país, es imperante este esquema organizativo, en virtud de la evolución marcada de la economía en materia tecnológica y de procesos industriales, comerciales y de servicio, que conlleven a la gerencia a un control total de las diversas actividades e inversiones globales realizadas, amen de las exigencias del Estado en el cumplimiento del aporte social de las empresas, por lo que hace obligatorio un seguimiento de todas estas variables por medio de indicadores.

Finalmente, es importante mencionar que las consideraciones de indicadores integrales de gestión giran en torno a su desarrollo y crecimiento predominante en el campo organizacional, de tal manera que se afianza de una manera clara la cultura de la medición, percibiendo así de los actores del proceso económico un esfuerzo que se refleja en una tendencia definida y consistente, cuyo objetivo es evaluar su gestión general tanto dentro como fuera de la empresa.

Dra. Alejandra Hidalgo de Camba

En el año 1994 se estructuró un programa de reforma tributaria dirigido a la modernización de las finanzas públicas en el ámbito de los recursos, llamado “Sistema de Gestión y Control de las Finanzas Públicas” (conocido por sus siglas o Proyecto SIGECOF), y constituido con el apoyo del Banco Mundial.

A partir de éste se plantearon nuevas reformas del Código Orgánico Tributario y de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, la sustitución del Impuesto al Valor Agregado por el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, así como la introducción del Impuesto a los Activos Empresariales. Todo ello conllevó a la creación del organismo público: Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) adscrito al Ministerio de Hacienda.

Esta iniciativa se fundamentó en la premisa del agotamiento del modelo rentista petrolero, así como en la necesidad impostergable e inmediata de hacer énfasis en la recaudación de los impuestos nacionales, y como una alternativa para el desarrollo económico del país, reclutando profesionales capacitados y utilizando tecnología de punta, además de confortables muebles e inmuebles.

De esta forma, se constituye en un organismo autónomo funcional y financiero, cuyas funciones incluyen la administración de los tributos internos y aduaneros. El SENIAT, como ente recaudador de los tributos, fue creado con el propósito de brindar a los contribuyentes una atención que permitiera facilitar el desarrollo de la actividad económica creadora de impuestos. Paralelamente, buscaba generar la información necesaria y recaudar los recursos que el Estado manejaría para proyectar el gasto público que se debía invertir en los servicios que el colectivo requiere y aguarda.

Por lo tanto, los funcionarios públicos adscritos al SENIAT están en la obligación de prestar una atención satisfactoria a su cliente: el contribuyente, permitiéndole conocer el momento en el que nace la obligación tributaria, así como sus responsabilidades, o por el contrario, las sanciones a razón de su incumplimiento. Tal y como lo señala uno de los postulados de este proyecto “la Administración Tributaria no posee las facultades para prestar a la población otro servicio que no sea el de atención a sus dudas como contribuyente, y el de facilitarle el proceso de cumplimiento fiscal”.

En este sentido, para el momento del nacimiento de este organismo se determinaron como acciones primordiales: la divulgación del cumplimiento voluntario, el aumento de la base de contribuyentes, el diseño disposiciones legales apropiadas que avalen el pago de obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo, la ejecución firme de los planes de fiscalización y presencia fiscal, y la continuidad de la estrategia de atención al contribuyente. Todo ello siguiendo el enfoque de un proceso de modernización que implicaría cambios en las áreas de sistemas, organización y control.

Ahora bien, a 16 años de su creación vale preguntarse ¿El SENIAT mantiene los lineamientos que motivaron su creación? ¿Es tratado el contribuyente como cliente por los funcionarios públicos adscritos a la Administración Tributaria? ¿Facilita el cumplimiento de la obligación tributaria? En cada persona está responder a estos cuestionamientos y exigir al organismo en cuestión dar fiel observancia a sus obligaciones para la formación de una cultura tributaria consistente en principios morales que conlleven al cumplimiento de la obligación tributaria.

Juan José González

Los pasivos son deudas contraídas por las empresas por un periodo determinado (el cual fija la empresa con quien se contrae la deuda), que permite cancelar otras obligaciones, comprar activos, o realizar cualquier otra operación en pro del desarrollo de la organización (Petit 2010).

Es importante acotar que en el registro de estos pasivos, en muchas oportunidades, no representa la totalidad de la realidad, es decir, el hecho contable que los originó tiene consecuencias mayores, o asociadas que no aparecen discriminadas en los libros contables, pero se deben considerar como un pasivo, ya que su disposición final genera costos, tal es el caso de los pasivos ambientales.

Fabio Antonio Tinaure

Dependiendo del tipo de empresa, estos pasivos pueden ser de mayor o menor cuantía, para las empresas del área petrolera, petroquímica, siderúrgica (empresa del sector primario), por ejemplo, pudieran ser de gran magnitud, representando cifras significativas, por lo que deben merecer especial atención para no afectar los resultados finales de las empresas.

En ocasiones, cuando no son tratados debidamente, pueden generar cierres temporales de las empresas cuando no cumplen los compromisos generados con las autoridades gubernamentales (ministerio del poder popular para el ambiente); en el sector terciario estos son de menor magnitud, pero siempre es necesario darles la revisión respectiva para analizar si están presentes.

Un pasivo ambiental podría definirse como aquella situación ambiental que, generada por el hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo al ambiente y la calidad de vida de las personas (Cantún, 2008). En cuanto al cálculo monetario de éste, o lo que es lo mismo, la valoración monetaria de los daños ambientales, es muy discutible y arbitraria por dos razones:

Primero, porque los ecosistemas y su interacción con la sociedad humana se caracterizan por un alto nivel de complejidad y una incertidumbre alta, y los seres humanos son muy difíciles de predecir. Pero lo que queda claro es que estas interacciones pueden alterar notablemente el equilibrio del ecosistema y conducir a cambios irreversibles en las pautas de desarrollo.

La segunda razón es que la expresión de los daños ambientales, en términos monetarios, tiene límites estructurales inevitables si se acepta la idea de inconmensurabilidad de valores, o sea, la “ausencia de una unidad común de medida aplicable a valores plurales: ¿Cuál es el valor monetario de una vida humana? ¿Cuál es el valor de la degradación de un paisaje, de la reducción de biodiversidad, de la pérdida de la identidad cultural propia, de la emigración forzada o de las enfermedades sufridas?

La inconmensurabilidad obliga a replantearse el concepto de compensación desde su fundamento. Alguien se puede preguntar si ante los daños que se producen en la salud, en la destrucción de un contexto cultural o en la degradación irreversible del medio ambiente, ¿Es adecuada, pertinente y útil una compensación monetaria?

Los pasivos ambientales son consecuencia de la actividad productiva y el mal manejo de los desechos que se generan a consecuencia de la misma, debido a la falta de acciones empresarias estos se acumulan en diferentes áreas de las empresas, y con el tiempo se dificulta cada vez más su transformación.

Kenderling Araujo

Actualmente, la banca privada ha disminuido el otorgamiento de préstamos bancarios en forma pausada, observándose en los últimos años cómo se ha menguado el otorgamiento de este tipo de crédito, debido, entre otros factores, a la recesión económica mundial y a la caída de los precios del petróleo.

Es importante acotar que hace aproximadamente 6 años fue eliminado el denominado periodo muerto, que constaba de 3 años, y donde no se pagaba capital ni interés, lo cual era propicio para las actividades relacionadas con la siembra de oleaginosas, como por ejemplo la palma aceitera, dado que sus cosechas se obtienen de mediano a largo plazo; así como para el desarrollo de ganadería de doble propósito, eliminación que ocasionó que los productores agropecuarios disminuyeran su actividades, y en algunos casos dejaron de producir dichos rubros.

Mariángelica Cardozo

En el mismo orden de ideas, se puede comentar que el índice de morosidad de la cartera ha crecido en los últimos años, fundamentalmente en la banca pública, y con menor intensidad en la banca privada, debido a la baja rentabilidad del sector agrícola y pecuario, producto de la fuerte regulación de los precios; razón por la cual los productores agropecuarios han llegado al punto de caer en el estado de morosidad dejando de solventar dichos créditos.

En lo que respecta a la cartera de créditos, el gobierno regula el monto requerido que debe ser otorgado para el sector agropecuario, así como también al sector agroindustrial y de turismo; dependiendo del rubro agrícola y de la infraestructura a desarrollar para dicho rubro, se otorgan varias modalidades de préstamo: a corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

Andrea Rincón

En función de ello, las características del préstamo agropecuario están dadas según las necesidades de la actividad productiva, del pago de capital de acuerdo al ciclo de producción, de la tasa de interés agraria variable establecida por el Banco Central de Venezuela, de la garantía y del Plazo.

Se debe tomar en cuenta que los préstamos bancarios hacia la cartera agropecuaria son de gran importancia para la economía del país, debido a que, tanto las empresas como las personas naturales y jurídicas que desean desarrollar algún tipo de actividad económica, y no dispongan del capital suficiente para realizarlas, tienen la opción de recurrir a dichos préstamos, fomentando así la producción de los diferentes rubros en el sector agropecuario.