Boletín de Investigación y Postgrado

	Dr. William Mirabal URBE- Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín william.mirabal@urbe.edu Doctor en Ciencias Políticas (URBE 2013). Magister en gerencia de Recursos Humanos (URBE 2007) Licenciado en Relaciones industriales (UCAB, 1978)  Coordinador del Programa Doctorado de Ciencias Políticas de la URBE.

El desarrollo moderno del sistema democrático ha recibido un gran impulso en los últimas décadas con la profundización de mecanismos y procedimientos que propenden, estimulen y fortalezcan la participación más activa por parte de los ciudadanos, ello implica un reconocimiento al derecho por ejercicio pleno de la capacidad como actores rectores de la gestión pública en su doble rol como beneficiarios y concurrentes de las políticas y ejecutorias de carácter público y privado que impacten el interés colectivo.

Países como Colombia, España, Chile y en años más cercanos Venezuela, han desarrollado tanto el marco institucional como los instrumentos y mecanismos que faciliten esa interacción dinámica del ciudadano. Es realmente un proceso complejo que obliga a la superación de rigideces paradigmáticas que limitan la apertura de nuevos espacios de participación y control, por otra parte exige el compromiso integral de la sociedad como un todo, donde un peso muy importante más no el único recae en el Estado.

La participación ciudadana como soporte de la mayor democratización de cualquier país conlleva consigo multitud de aspectos estratégicos a considerar. Autores como Moreno (2004) y Ramirez (2006) consideran que la acción ciudadana debe comprender todas las fases de la gestión pública, desde la formulación hasta la evaluación de políticas públicas, pasando por la propia ejecución. Esa pluralidad de elementos comprende el soporte jurídico que sustente la participación;  igualmente la elaboración y desarrollo de los mecanismos que articulen la participación; se incluye la concientización plena de los actores involucrados lo que traduce la sensibilización, socialización, capacitación y empoderamiento, y desde luego las áreas concretas en la que se operacionalice de forma precisa la acción ciudadana.

A efectos de esta aproximación al tema, se resalta la base constitucional de la participación, la cual exige concederle el rango legal que obligue y oriente el desarrollo ulterior de todo un tinglado jurídico que le conceda  piso solido a la diversidad de formas por las que la ciudadanía podrá cumplir su accionar de cogestor de gobierno. Dentro de esa concepción jurídica de la participación principios como la responsabilidad, rendición de cuentas,  transparencia así como mecanismos diversos entre ellos las veedurías, el derecho a la denuncia,  iniciativas legislativas, los referéndum y consultas públicas;  cabildos abiertos entro otros muchos mecanismos, tendrán cabida y respaldo institucional, lo que impulsara el mayor interés del ciudadano por  asumir un papel más beligerante en la conducción de su sociedad.,

Específicamente en Venezuela la constitución de 1999 establece en su artículo 5  el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que le componen es y será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, de igual manera el articulo 62 destaca que todos los ciudadanos tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes electos.

Por otro lado la Carta Magna también señala expresamente algunos medios que facilitan la participación y expresión viva del pueblo en el ejercicio de la soberanía, entre los cuales se encuentran las  elecciones de cargos públicos, diferentes tipos de referéndum, la consulta popular, opciones de revocatoria de mandatos de funcionarios electos, posibilidad de impulsar y concretar iniciativas para nuevas leyes o modificaciones de las existentes; solicitud de reformas constitucionales e incluso convocatoria de Asambleas Constituyentes; cabildos abiertos, asamblea de ciudadanos y otras formas del poder popular cuyas decisiones se consideran vinculantes.

Se subraya el hecho que la Constitución extiende el campo de acción de la participación popular a todos los niveles del Poder Público, incluyendo el municipal, estableciendo taxativamente que los gobiernos locales deben apoyarla en todo el proceso de definición y ejecución de la gestión pública, así como en las fases del control y evaluación, en forma efectiva, suficiente y oportuna (artículo 168); generando en consecuencia el afianzamiento de la participación en pro de la mejora permanente de las condiciones de vida de la comunidad.

Más allá de la fundamentación constitucional y jurídica la participación ciudadana es un proceso social  de inagotables vertientes sociales, políticas y culturales. Representa nuevos escenarios donde la ciudadanía puede hacerse presente tanto a través de su voz, su veeduría, el control y la revisión de las políticas, programas y actividades que tengan efecto en su calidad social de vida.

Resulta de la acción mancomunada y de la intención de individuos y grupos en busca de metas específicas; en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y relaciones de poder. Al ser un proceso colectivo, participan diferentes actores y fuerzas sociales, cada una con sus intereses, aspiraciones, incluso ambiciones especificas estableciendo un conglomerado de interacciones de forma directa o mediante sus representantes o voceros, orientados a influir de alguna forma en la conducción de la sociedad como un todo, con el propósito de mantener, sustituir, modificar, suprimir o transformar el enfoque, atributos, ámbito y alcance de los sistemas vigentes que soportan la organización social y política.  En este orden de ideas, la participación ciudadana debe ser ejercida por todos, actuando en función de intereses generales y del bien común.

La participación viene a ser una especie de derecho Social, dirigido a la observancia, control y evaluación por parte de la comunidad –organizada o no- de aquellos elementos, procesos y políticas que impactan su devenir y accionar colectivo. Simboliza en su desarrollo integral una  interacción entre el Gobierno, Estado y Sociedad para generar políticas que satisfagan realmente las necesidades del ciudadano, incorporándolo en la toma de decisiones y haciéndolo copartícipe en los procesos donde se encuentre vinculado, implantando en todo momento acciones que conlleven al servicio de una sociedad.