Boletín de Investigación y Postgrado

	Dra. Doris Colina URBE- Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín dmcolina@urbe.edu.ve Doris Colina de Andrade Abogado (LUZ, 1988) Licenciada en educación Integral mención lengua (UNICA, 2000); Magíster en Ciencias de la Educación mención Gerencia educativa (URBE, 2004), Doctora en Ciencias Políticas (URBE, 2013) Miembro Comité académico del doctorado de Ciencias Políticas de la URBE.

Actualmente una de las principales dificultades presentada por los gobiernos, es precisamente su capacidad a la hora de diseñar y establecer políticas y programas públicos no solo eficaces sino efectivos capaz de responder a una nueva administración pública. El ideal es que se consulte a la población sobre las necesidades imperantes en las comunidades, realizar un diagnóstico para priorizarlas, sin embargo, en la praxis la cosa no funciona de esta manera. Es decir, se diseñan políticas públicas direccionadas a solucionar problemas o satisfacer necesidades poco relevantes para la sociedad, mientras las necesidades básicas continúan insatisfechas. De ahí la importancia de cumplir unas fases en este proceso porque de esta manera se minimizan esfuerzos y se atacan las dificultades comunitarias.

Al respecto, Garretón (2004) afirma, uno de los temas presentes en el debate político de los últimos años es el del diseño y la práctica de las políticas públicas, especialmente en América Latina. En ese sentido, las políticas públicas constituyen un factor común de la política y de las decisiones del gobierno así como de la oposición. De esta forma, parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al planteamiento de las políticas públicas.

Indudablemente el sistema político se encarga de diseñar las políticas públicas obligatorias para la satisfacción de las necesidades de la población. Desde esta perspectiva coincido con la opinión de Piñango (2003), quien considera que las mismas son proposiciones gubernamentales sobre la mejor forma de lograr determinados objetivos sociales. Es decir, se trata de ideas que contienen toda la fuerza y debilidades de éstas, no obstante las mejores ideas pueden generar efectos indeseables, precisamente porque se atacan las necesidades poco prioritarias.

Dentro de este contexto, en el cometido de las políticas sociales, la jerarquía del Estado es incuestionable, perfectamente reconocida por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD, 1998 p. 7), cuando expone “el Estado continúa siendo un instrumento fundamental para el desarrollo económico, político y social de cualquier país”. En ese orden de ideas, autores como Majone (2001) reconocen en esta forma de hacer políticas públicas una estrategia real para recrear el contrato Estado-Sociedad y definir de esta forma, las estrategias interinstitucionales que garantizan la eficacia de las soluciones buscadas.

En ese sentido, la condición fundamental de una política pública basada en derechos de los ciudadanos, pasa por el otorgamiento de poder a los sectores habitualmente relegados y por el reconocimiento de los deberes que el Estado tiene por tratarse de seres humanos titulares de derechos. Este enfoque se enmarca en la búsqueda del cambio en la lógica de elaboración de políticas orientadas en la consideración de las personas como víctimas pasivas receptoras de ayuda. Todos estos señalamientos dan a conocer la importancia de diseñar políticas públicas dirigidas a la solución de los problemas esenciales de los habitantes de una comunidad, estado o país, pero sin olvidar la necesidad de participación de éstos de una manera activa y protagónica en la creación de las mismas, porque ellos son los más afectados, además es su derecho, aunado al deber del Estado de procurar la satisfacción de las necesidades de un pueblo.

En conclusión, la metodología empleada en el diseño de políticas públicas sin abarcar las opiniones de los sujetos afectados, no solo violenta los derechos de las personas a disfrutar de un bien colectivo, sino que además deja insatisfechas necesidades prioritarias en las comunidades, razón por la cual, se considera pertinente escuchar, atender, jerarquizar y luego realizar el diseño de esas políticas, a objeto de obtener la participación e involucramiento de las personas en sus procesos políticos.