Boletín de Investigación y Postgrado

Dra. Katerin Izarra
Coordinadora Maestría Derecho del Trabajo

Bajo el escenario actual, el tema de la ciudadanía toma vigencia en atención a los cambios vertiginosos por los cuales transita la sociedad contemporánea, la misma comporta la identificación del ciudadano en los asuntos legales, políticos, económicos y sociales de su entorno, tal como lo expresa Zapata (2001, pag. 40) el problema de la ciudadanía es un tema vivo en plena efervescencia. Su semántica no es simple sino compleja. Semánticamente la ciudadanía se ha convertido en el problema convergente que tiene la virtud de aglutinar los problemas políticos más candentes que actualmente, en esta reciente década del 2000, desde las más diversas perspectivas, llenan la mayor parte de los debates científico-políticos”.

Es así como surge la necesidad de realizar un replanteamiento de los esquemas tradicionales de la sociedad de cara hacia la búsqueda de la intervención de los ciudadanos, incorporándolos a actividades propias del Estado propiciando la participación de estos en la toma de decisiones, en búsqueda de la corresponsabilidad.

En ese sentido y a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) , el poder ciudadano se constituye como el quinto poder público nacional, dándole la preponderancia a la participación ciudadana para lograr procesos de cambio con una real presencia protagónica de esta, en aras de fortalecer el control social donde resalte la verdadera cultura ciudadana, esto es, donde prevalezcan los valores como elementos inescindibles a la propia existencia de la sociedad, donde precisamente esa cultura de valores se anteponga ante hechos o situaciones

Es por ello, que a través de la cultura ciudadana se deben fomentar los valores éticos, morales, de cooperación y corresponsabilidad para fortalecer la paz y convivencia social. En este orden de ideas y de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 135 de la vigente constitución los ciudadanos de la república deben ser corresponsables y participar de forma activa en el desarrollo del país y por ende, consolidar una verdadera cultura de paz.

Todo ello conlleva la solidaridad y tolerancia de los ciudadanos entre sí, así como también consolida el vínculo que debe existir entre el ciudadano y el Estado, propiciando una verdadera convivencia y bien común, por lo que, la cultura ciudadana se constituye en un mecanismo idóneo para la formación de valores democráticos para el ejercicio de los derechos, deberes y libertades consagrados en el ordenamiento jurídico vigente.

Asimismo, esta cultura ciudadana destaca Franky (1999) al señalar la misma como un trasfondo de sentido que regula los comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece las reglas mínimas comunes que hacen posible las relaciones entre ellos y con su entorno, así como las formas de producción, circulación, reconocimiento, apropiación y recepción de ese universo de sentido.

En atención a lo anterior, se puede inferir que esta regulación de comportamientos, esta intrínsecamente ligada a la consideración de valores morales y éticos que son esenciales para lograr esa cultura ciudadana. Esto implica según lo que expresa Mockus (2002) como “autorregulación mutua”, lo que querría decir, una regulación ayudada por otros, donde el ciudadano busca regular su conducta orientada bajo apego a las normas legales y morales que impone la sociedad.

Es por esta razón, y atendiendo a los tiempos de crisis y violencia que vive la sociedad contemporánea, se hace indispensable el rescate de los valores ciudadanos que contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático y de sus instituciones, que garanticen el verdadero fin para el cual fueron estructuradas la organización como es la paz, convivencia social, progreso y desarrollo de los pueblos.