Dra. Marta Peraza
Cada día se comete violencia contra las mujeres y niñas en cada uno de los países del mundo. Es un hecho que trasciende más allá de la política, cultura, religión, raza, clase, edad e ingresos; esto sucede en tiempos de paz y durante conflictos armados. Por esta razón la violencia contra las mujeres es uno de los problemas más graves que afectan a nuestra sociedad, porque atenta contra la salud física y mental de las mismas y vulnera a sus derechos humanos básicos, entre los que se encuentran tener una vida libre de violencia y el respeto de su integridad física, psíquica y moral, por esta razón, los casos que se cometen cada día en nuestro Continente hablan por sí solos de la magnitud de este flagelo.
Cada vez que un hombre golpea, maltrata, tortura física y/o psicológicamente, le quita la vida a una mujer comete un grave delito y ejerce su poder de ser varón y de sentirse superior o dueño de la mujer. Lo cual explica en parte, que la violencia ejercida en contra de las mujeres todavía en muchos países de nuestra América Latina y el Caribe, entre ellos, el nuestro, es tolerado por la sociedad porque existe una especie de permiso social otorgado a los agresores por personas que no ejercen la violencia, pero que con su conducta u omisión se comportan como guardianes del patriarcado romano.
Venezuela, cumpliendo con la Convención de Belén Do Parà llevada a cabo por la OEA en 1994 en Brasil, promulga en 1999 la Ley Contra la Violencia hacia la mujer y la familia, la cual es derogada por la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que entra en vigencia el 19 de Marzo de 2007, la referida Ley prevé medidas para impedir la violencia contra las mujeres, proteger las mujeres en peligro y castigar a los autores de los abusos.
Asimismo, establece que las autoridades deben poner en práctica un programa de amplio alcance destinado a sensibilizar la opinión pública y a cuestionar las actitudes que toleran u ocultan esta monstruosidad que se denuncia en escasas ocasiones; pero no es suficiente, se hace necesario realizar campañas audaces, constantes, educativas, que concienticen en tanto a la comunidad en general como a los organismos del Estado encargados de recibir y procesar las denuncias, no es posible que todavía existan funcionarios públicos que vean la violencia intrafamiliar como algo sin importancia, no dándole la seriedad necesaria.
Según opinión de la Doctora Elida Aponte Sánchez, el gran avance de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es que determina que la violencia no es sólo en el hogar, puede ser un acto cometido por esposo, concubino, hermano o cualquier figura masculina, pero al mismo tiempo el artículo 15 de esa Ley recoge varios tipos de violencia: la física, la psicológica, la sexual, la trata de mujeres, la explotación sexual, el acoso u hostigamiento laboral que se ve mucho en las instituciones.
Además, dicha Ley Orgánica crea los Tribunales Especiales en materia de violencia contra las mujeres y también se crea la Fiscalía con competencia en la materia. La idea es que en un tiempo relativamente corto, toda la geografía nacional tenga Tribunales que atiendan a las mujeres víctimas de la violencia, por una razón muy sencilla: porque la violencia contra la mujer mata, y es uno de los delitos que con mayor impunidad se cometen en nuestro país.
La Doctora Yolanda Jaimes Guerrero, Magistrada de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en un Foro jurídico de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, celebrado el 9 de marzo de 2009, en el estado Portuguesa, informó que el Ministerio Público reporta 101.705 denuncias de violencia contra la mujer, de las cuales, 33 mil 800 se registran en Caracas y en el estado Zulia alcanzan a 10 mil, las otras denuncias corresponden a otras regiones del interior del país. “Cada 10 días muere una mujer víctima de violencia provocada por su pareja, cada 15 minutos una mujer es maltratada por su marido o concubino”. Dijo la Magistrada.
Con respecto a la información aportada por la Magistrada, aun cuando el número de denuncias es muy elevado, existe un factor que hay que tomar en cuenta, que es la cifra negra que consideran los criminólogos, la cual está referida al número de víctimas que por diversos factores no denuncian la agresión sufrida, los expertos consideran que no todas las víctimas de agresión hacen la denuncia correspondiente, lo que hace presumir que la cifra de agresiones es muy superior a la conocida por el Ministerio Público, lo cual haría más grave la situación.
Finalmente podríamos concluir que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública, que además de afectar a la mujer física y psicológica y socialmente, genera un problema en la familia, en los niños, niñas y adolescentes. Las consecuencias se reflejan en la deserción escolar, agresividad, apatía, embarazo en adolescentes y adicción a las drogas y alcohol, entre otros.